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Calidad y consensos en las soluciones al acceso a la vivienda

Archivo - Viviendas en Santander

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Hace justamente dos años, el Foro Internacional Affordable Housing Activation: removing barriers, que coorganizamos con la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), identificó seis barreras al acceso a una vivienda digna, asequible y de calidad: desajustes entre la oferta y la demanda, políticas y regulaciones, financiación, diseño y desarrollo urbanos, promoción y producción de vivienda, y propiedad y tenencia. Interrelacionadas todas -o solo algunas de ellas- dificultan, cuando no imposibilitan, la materialización de un derecho universal. En nuestro país, acusamos un problema estructural, arrastrado durante años, debido a dos razones fundamentales: por un lado, un parque de vivienda social insuficiente en comparación con la media de la UE y, por otro, la ausencia durante muchos años de políticas para promover la vivienda asequible, tanto en régimen de alquiler como de compra. 

La consecuencia es que, como acaba de alertar el Banco de España, teniendo en cuenta el déficit que existe entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva, en nuestro país hacen falta 600.000 viviendas nuevas hasta 2025 y, además, esta realidad convive con un parque de viviendas existente que necesita ser rehabilitado para adaptarse y responder, de forma óptima, a los retos actuales y a los nuevos requerimientos de la población. 

En esta situación influyen múltiples aspectos. Entre otros, la escasez de suelo y sus elevados costes y la lentitud en la tramitación de los planes urbanísticos y en la concesión de licencias, que excede los tiempos que establece la Ley. Si a ello se suman el encarecimiento progresivo de los precios de la vivienda en alquiler y compra, y el esfuerzo económico que supone para muchas familias, así como las dificultades para acceder a la financiación y la precariedad laboral, el resultado es un contexto en el que, sin duda alguna, urgen actuaciones a corto plazo para paliar situaciones de emergencia habitacional. Pero, sobre todo, son esenciales el consenso y la colaboración de todos los actores implicados en un Pacto de Estado para plantear soluciones a medio y largo plazo que, desde una visión global del problema, apuesten por la calidad como garantía para el bienestar y la salud de las personas.  

Después de mucho tiempo, el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible vuelve a la agenda política, y, para hacerlo real y efectivo, es imprescindible lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda en todo el territorio. Sin embargo, no es fácil sin un diagnóstico previo preciso, a partir de datos objetivos, que contemple las realidades diversas de cada comunidad y ofrezca soluciones, también objetivas y rigurosas, que contribuyan a la cohesión social y al reequilibrio territorial. 

De acuerdo con las estadísticas de los Colegios de Arquitectos, en 2023, se visaron 98.447 viviendas para obra nueva. La cifra está muy por debajo de las producciones medias que se podrían considerar normales, como las de la década de 1980. Mientras que, entonces, se edificaban seis viviendas al año por cada 1.000 habitantes, en la actualidad, se construyen dos. Hacen falta medidas que ayuden a revertir esta situación.

Es preciso construir vivienda nueva, si bien allí donde sea necesario. De una forma planificada y en un volumen adecuado que evite escenarios indeseables del pasado y dé respuestas adecuadas a las necesidades de la población. Para ello, hay que agilizar la gestión urbanística -y la modificación de la Ley del Suelo va dirigida en este sentido- y la tramitación en la concesión de licencias, simplificando las normativas, pero preservando todas las garantías y la seguridad jurídica para los/as ciudadanos/as. Además, la industrialización de los procesos constructivos puede ser una aliada en algunas de las soluciones. 

España necesita incrementar el parque social de vivienda de manera rápida, pero también desde la eficacia y la eficiencia y con calidad arquitectónica y constructiva, como preconizan la Ley de Calidad de la Arquitectura y la Nueva Bauhaus Europea, “alma” del Pacto Verde europeo. La industrialización puede contribuir en este proceso, aplicándola en la construcción de vivienda social y preservando e impulsando la calidad arquitectónica para ofrecer soluciones creativas, innovadoras y eficaces al problema sin renunciar a la belleza.

 Pero, en esa búsqueda del equilibrio, encontramos otra derivada. Si no queremos ciudades que evolucionen a dos velocidades, con grandes bolsas de desigualdad, es preciso transformar nuestro parque de viviendas y edificios existentes, que, en estos momentos, es uno de los más envejecidos del continente, y hacerlo con una visión integral: regenerando barrios y buscando equilibrios entre la innovación, el diseño y la defensa de los aspectos culturales e identitarios de cada lugar, tomando como referencia los objetivos de la Agenda 2030, las Agendas Urbanas, el Pacto Verde Europeo, la Nueva Bauhaus Europea y la Ley de Calidad de la Arquitectura. 

 El problema del acceso a la vivienda constituye un reto de país. Necesitamos inteligencia colectiva para ofrecer soluciones óptimas que contribuyan a construir un futuro mejor, más sostenible y humano, para el conjunto de la población.  

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